María Doris Hernández Ochoa

Ante la perspectiva de cambios en los gobiernos municipal y del estado, es importante recordar que existen el que esté de turno y los permanentes.

El gobierno en turno cambia cada determinado número de años, según resultados electorales, pero existe el otro que debe persistir en el tiempo independientemente de quien llegue al poder.

El gobierno permanente está compuesto por una burocracia, normalmente de carrera, que tiene a su cargo el funcionamiento cotidiano de las sociedades complejas y que, en gran medida, es ajena a los vaivenes políticos y a las redes clientelares.

El periodista Luis Rubio escribía recientemente que  “Una medida clave de desarrollo es la calidad del gobierno, no tanto en términos de los líderes electos, sino precisamente lo opuesto: la burocracia que hace que el gobierno funcione de manera cotidiana, independientemente de los procesos político-legislativos de decisión. Lo que hace funcionar al gobierno en los países civilizados es la burocracia profesional que se encarga de la limpieza de las calles, el funcionamiento del sistema de justicia, la policía que vela por la seguridad y, en general, todo el servicio civil que hace que la vida evolucione de manera normal”.

Lo que desea el ciudadano de los servicios públicos es calidad y menos tramitología, y esto lo proporciona la burocracia certificada y ya no se diga dentro del programa Agenda para el Desarrollo Municipal para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar su desempeño,  capaz de adaptarse a nuevas políticas públicas en pro de la mejora continua en todos sentidos, especialmente en la transparencia y  erradicación de  prácticas corruptas contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población

El Inegi publicó su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG) midiendo la satisfacción de los usuarios. En los servicios públicos básicos revela profunda insatisfacción. El estado y mantenimiento de calles y avenidas obtuvo evaluación de 21%; la policía de 25% y el alumbrado público 33%.

Inegi reporta a 12 mil 590 víctimas de la corrupción por cada 100 mil habitantes e incidencia de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.  Allí está el reto para los nuevos gobernantes.