Redacción/www.huaxtecaonline.com
San Luis Potosí.- Para erradicar prácticas indeseables, abusos, nepotismo, inercias, deficiencias, arbitrariedades e indolencias, es que el abogado integrante del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, Juan José Frías Aguilera, presentó una solicitud de Juicio Político contra la titular de la Auditoria Superior del Estado, ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Delgado, de quien también exige su destitución.
Licenciado, Juan José Frías Aguilera.
Frías Aguilera presentó un escrito ante la sexagésima segunda legislatura para que se le denuncie ante la Fiscalía General del Estado, FGE, ya que se trata de una funcionaria que ha violentado la ley al mantenerse en el cargo de manera irregular.
Recordó que en septiembre del año pasado, se lanzó la convocatoria para elegir al próximo auditor, donde Rocío Cervantes, incumplió con los requisitos, al fallar en el artículo 67 fracción V de la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas vigente, donde se pedía explícitamente que no sustentaran un encargo, sin embargo en ese entonces ella era encargada del despacho, tras la salida de José de Jesús Martínez Loredo.
Además criticó que en la anterior legislatura se haya intentado proteger al ex auditor, José de Jesús Martínez Loredo, toda vez que se han entregado pruebas de malversación de fondos por un monto de 110 millones de pesos, mismos que se distribuyeron en gastos exagerados de la dependencia, salarios estratosféricos, seguros de gastos médicos, finiquitos exorbitantes, situaciones que fueron encubiertas por la actual titular de la ASE al no reportar nada en el proceso entrega – recepción como encargada del despacho.
Además ha permitido sendas irregularidades con las cuentas públicas 2016 y 2017 “es una persona que no tiene autonomía, ni capacidad de decisión ya que de forma disciplinada remite las cuentas públicas de 2017 a la Comisión de Vigilancia para su aprobación incumpliendo el contenido de la ley, violentando el Estado de Derecho y sin medir las consecuencias para los entes auditables, es por ello que solicito al Congreso del Estado que se le finquen responsabilidades, se le inhabilite del cargo por al menos un lapso de veinte años como dicta la legislación”.
