Redacción / www.huaxtecaonline.com

A iniciativa de la diputada Alejandra Valdés Martínez, este día se realizó el Foro Legislativo “Violencia Política de Género”, en el que participaron la titular del Instituto Estatal de la Mujer, Erika Velázquez; la ex diputada local Martha Orta Rodríguez; la activista social Olympia Palomo Moreno; Dennise Porras del Observatorio contra Violencia Política del CEEPAC, además de organizaciones civiles y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de las Mujeres.

En el evento, se hizo hincapié en la necesidad de establecer sanciones puntuales a las conductas relacionadas con la violencia política que sufren, principalmente las mujeres, al clasificarlas como delito en el Código Penal del Estado, propuesta presentada por la legisladora Alejandra Valdés ante el pleno de la LXII Legislatura.

En esta iniciativa, se propone agregar el Capítulo IX, denominado Violencia Política, al Código Penal del Estado para tipificar con esta denominación, a quien realice cualquier acción u omisión, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico, o sexual, en contra de cualquier persona, y/o de su familia, para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales, o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad.

Se propone sancionar esta conducta con pena de 6 meses a 6 años de prisión y sanción pecuniaria de 10 a 200 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización; y en los casos en que el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la inhabilitación y destitución, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la sanción impuesta.

Valdés Martínez precisó que en la República Mexicana, en 24 estados han incorporado un apartado de violencia política de género en sus legislaciones: 5 en su Constitución Política y 21 en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y 18 en su Código Electoral.

En sólo 5 estados la violencia política de género es considerado como delito penal, aunque a la fecha no hay ningún caso documentado de personas vinculadas a proceso por este delito.

Durante el foro, las ponentes manifestaron la necesidad de establecer acciones para prevenir y atender la violencia política, ya que a pesar de que existe un protocolo para la atención de la violencia política de género, éstas solamente se establecen primordialmente durante los procesos electorales.

Como ejemplos, las ponentes hablaron de los asesinatos de 8 mujeres candidatas en el pasado proceso electoral a nivel nacional, además de los casos registrados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en San Luis Potosí, el caso de la magistrada electoral, Yolanda Pedroza.

La legisladora Alejandra Valdés manifestó que posterior a este foro, se realizarán mesas de trabajo con asociaciones civiles para apoyar las acciones en materia de prevención de violencia política; además del trabajo al interior de las comisiones de Puntos Constitucionales, y Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado para analizar la iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar esta conducta.