El 30 de julio de 2020, el canciller Marcelo Ebrard anunció el primer acuerdo entre el gobierno de México y una de las farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, la francesa Sanofi-Pasteur. El acuerdo requiere la participación de voluntarios mexicanos en la Fase 3 de pruebas clínicas para la vacuna. A cambio, el país debería tener “acceso privilegiado” a la vacuna una vez que esté lista.

El proyecto de Sanofi y la empresa británica GSK, comenzó la Fase 1 de pruebas clínicas el 31 de agosto. La empresa anunció que, si las primeras fases fluyen sin problemas, comenzarán a hacer pruebas masivas de eficacia, es decir, la Fase 3, en diciembre. Esperan poder distribuir su vacuna en la primavera de 2021.

Después del acuerdo con Sanofi, Ebrard anunció otros tres memorándums de entendimiento similares. El primero con la empresa norteamericana Janssen, que es el laboratorio de vacunas de Johnson & Johnson, los otros dos con CanSino Biologics y Walvax, dos farmacéuticas parcialmente operadas por el gobierno chino.

La vacuna de Johnson & Johnson se encuentra en la primera mitad de las pruebas clínicas de seguridad, es decir las Fases 1 y 2, y recientemente comenzaron la Fase 3 en algunos países. Este lunes, Janssen comenzó el protocolo de Fase 2 en España.

El proyecto de CanSino Biologics está aprobado para su uso limitado en algunos elementos del ejército chino y en empresarios y diplomáticos que trabajan fuera de su país. En la segunda semana de agosto, este laboratorio inició la Fase 3 de pruebas clínicas en Arabia Saudita y Pakistán. Por su parte, el protocolo de Walvax inició la primera fase clínica en junio, pero no ha publicado avances ni positivos ni negativos.

El último de los memorándums de entendimiento es el que la Secretaría de Relaciones Exteriores logró con el gobierno de Rusia para participar en las pruebas masivas de la vacuna Sputnik V. Este proyecto, dirigido por el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés; ambos organismos estatales), también fue aprobado para uso limitado en Rusia y también inició la Fase 3 de pruebas clínicas.

Todos los protocolos de pruebas clínicas en México están suspendidos y a la espera de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud presenten un protocolo aprobado para las pruebas masivas de eficacia. De acuerdo con el canciller Ebrard, los ensayos clínicos de estas vacunas no podrán iniciar en México hasta que estas entidades no den su autorización.

La primera semana de septiembre, el subdirector del RDIF, Tagir Sitdekov, anunció que, además de la participación de voluntarios, la vacuna Sputnik V busca un contrato de producción con alguna empresa mexicana. En este acuerdo, Rusia proveería el conocimiento técnico para la vacuna, y algún laboratorio nacional con la infraestructura necesaria tendría que fabricar las dosis.

Lo que buscan los rusos es replicar el acuerdo que la SRE coordinó entre Fundación Carlos Slim, el laboratorio mexicano Liomont, la empresa argentina mAbxience y la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca. La fundación de Slim y Liomont invertirán en el proceso de envase del componente activo que llegue desde Argentina, producido ahí bajo las directrices de AstraZeneca. En ese negocio, el gobierno de México también asegura haber obtenido el acceso privilegiado a las dosis terminadas.

Esa vacuna tuvo un retraso breve en su desarrollo debido a que uno de los participantes de la Fase 3 presentó efectos adversos el pasado 6 de septiembre. La empresa reanudó los experimentos una semana después, cuando el comité de seguridad descartó que la enfermedad del voluntario fuera provocada por la vacuna.