La polémica barrera flotante, que se extiende por unos 300 metros sobre el río fronterizo, ha generado un conflicto entre el Gobierno federal, que pide que se retire, y el estatal, que denuncia una supuesta “invasión” en su territorio.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia argumenta que el gobierno de Texas infringió la ley al colocar la barrera en un río “navegable” sin un permiso del Ejecutivo federal.

El estado de Texas, por su parte, defiende la instalación de las boyas acusando a la Administración de Biden de no defender la frontera sur y permitir que “millones” de migrantes y de kilos de drogas entren el país.

La barrera, aseguró el gobierno estatal en un documento presentado al tribunal, ha “eliminado” los cruces irregulares de migrantes en esa sección de la frontera.

Esta afirmación es falsa, apuntaron expertos a EFE, ya que la barrera ha forzado a los migrantes a atravesar el río en tramos donde hay más corriente, poniendo sus vidas en riesgo.

La situación ya ha provocado consecuencias: a principios de mes, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadávares de migrantes cerca a las boyas.

La región donde está ubicada la barrera es a su vez la segunda en la frontera con más cruces irregulares de migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

Para Adam Isaacson, experto en temas de defensa de la Oficina De Washington para Latinoamérica (WOLA), su instalación tiene fines políticos: “Está destinada a movilizar a la base republicana más extrema de cara a las elecciones de 2024”.