El Gobierno de México ha dado el visto bueno a la designación del exmilitar chavista Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela, una decisión que ahonda en la polémica sobre el papel del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador en la crisis del país caribeño. Arias Cárdenas fue nombrado para el cargo por el presidente Nicolás Maduro unilateralmente, sin el respaldo de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, como lo contempla la Constitución venezolana. Arias Cárdenas no podrá ejercer como embajador hasta que López Obrador no acepte las cartas credenciales, pero hasta entonces será tratado como un representante diplomático más de Venezuela.

La Cancillería mexicana trata a toda costa de evitar que el beneplácito al exmilitar se interprete como un espaldarazo del Gobierno de Nicolás Maduro, que ve en México a un aliado en un momento en el que la mayor parte de la comunidad internacional, sobre todo en América, le da la espalda. El embrollo que supone para la diplomacia mexicana la llegada del nuevo representante del chavismo queda reflejado en la forma en que lo ha justificado. “[Se le ha concedido el beneplácito] sin que este trámite conlleve de forma implícita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno extranjero con el que se mantienen relaciones diplomáticas, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela”, asegura Exteriores en un comunicado.

El exmilitar chavista, que se encuentra en la capital mexicana desde hace un mes, no podrá ejercer las tareas propias de embajador hasta que López Obrador acepte sus cartas credenciales, un proceso que, según afirman desde Exteriores, puede prolongarse. Hasta ese momento, María Lourdes Urbaneja continuará siendo la embajadora. No obstante, en el Gobierno de López Obrador confirman que a Arias Cárdenas se le tratará como un miembro de la misión venezolana, sin aclarar en condición de qué, lo que le garantiza la inmunidad diplomática y no le impide actuar, de facto, como el representante de Maduro frente a López Obrador.

El beneplácito a Arias Cárdenas, último paso antes de aceptar las credenciales, supone, en cierta manera, un espaldarazo a Nicolás Maduro y deslegitima el poder de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y electa en 2015, y que según la Constitución de Venezuela es quien debe autorizar el nombramiento de los embajadores y diplomáticos. En su artículo 187, numeral 14, indica: “corresponde a la Asamblea Nacional (…) autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes”.

“La Asamblea Nacional debería aprobar la designación de embajadores y si no es así debería tenerse como un acto nulo”, considera Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Alí Daniels, abogado constitucionalista y director de la ONG Acceso a la Justicia, añade: “En el caso de que apelen a que lo aprobó la Constituyente, no es válido porque ningún artículo constitucional habilita a la Constituyente para hacer tal cosa porque de acuerdo con la propia Constitución de Venezuela, la Constituyente solo está para elaborar un proyecto de Constitución y no para usurpar las funciones de otros poderes”.

Desde que Juan Guaidó se juramentase como presidente encargado de Venezeuela el 23 de enero y fuese reconocido como mandatario interino por más de 50 países –México ha sido la gran excepción en América-, el Gobierno de López Obrador se ha mostrado equidistante ante la deriva autoritaria de Maduro. La diplomacia mexicana, que encabeza el canciller, Marcelo Ebrard, optó por un cambio de rumbo en la política hacia Venezuela y se deslindó del Grupo de Lima, que lidera la presión en América Latina. México ha insistido en la necesidad de lograr una salida dialogada a la crisis del país caribeño y ha tratado de impulsar una negociación con el apoyo de Uruguay y los países del Caribe, tradicionales aliados del chavismo, que Maduro siempre ha visto con buenos ojos, al contrario de lo que ha sucedido con otras iniciativas. “No vamos a intervenir”, ha insistido el presidente mexicano en varias ocasiones, escudándose en los principios de la Doctrina Estrada —la base de la política exterior de México desde 1930— y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.