A propuesta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este día se llevó a cabo la conferencia magistral “Desafíos de las entidades federativas ante la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”, impartida por el Doctor Miguel Carbonell Sánchez, catedrático de la UNAM y especialista en la materia.

En su presentación, la diputada Josefina Salazar Báez, Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, señaló que con este evento, se presenta formalmente el proyecto de dictamen de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “para que responda puntualmente a las exigencias legislativas de armonización, pero también que sea producto de una retroalimentación importante, porque no hay que olvidar que San Luis Potosí, fue uno de los estados pioneros en la materia y que esta es una buena oportunidad para seguir apuntalando nuestra tradición de estado vanguardista en materia de rendición de cuentas y libertades públicas”.

En su exposición, Miguel Carbonell señaló que la legislación general incorpora cambios estructurales y establece el principio de máxima publicidad de los actos gubernamentales, los cuales deben ser incorporados en la legislación de los estados.

Señala que esto obliga a que las entidades gubernamentales y los sujetos obligados deben estar preparados para atender las necesidades de información mediante la formación de profesionistas encargados de las unidades de información, de preferencia abogados, que puedan respaldar jurídicamente la información que se otorga, y promuevan una difusión de la legislación en la materia para que los ciudadanos tengan acceso a estos datos.

Dijo que la nueva legislación también obliga a que las respuestas a las peticiones de información sean bien documentadas, y no únicamente se responda la inexistencia de la misma, ya que estas situaciones serán motivo de sanción, “y saber que la información pública, los funcionarios la custodian, pero no son sus propietarios, es de los ciudadanos, y venimos a pedir aquello que es de nuestra propiedad y que tenemos derecho a consultar”.

Añadió que por ello, es importante que las entidades públicas mantengan actualizados sus portales web de manera que las solicitudes de información se verán reducidas por parte de la ciudadanía.

Agregó que si bien la legislación local debe tener una homologación con la norma federal, también se abre la posibilidad de que San Luis Potosí incorpore algunas propuestas como la denominada Iniciativa Ley 3 de 3, que busca incorporar de forma obligatoria que los funcionarios hagan publica su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.