ESTA LEY BUSCA A CONFORMAR LOS CAUCES LEGALES NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPODERAMIENTO DEL CIUDADANO

 Redacción/www.huaxtecaonline.com

San Luis Potosí, S.L.P. En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, presentó la iniciativa para expedir la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, y derogar la Ley para la Integración y Funcionamiento de Juntas y Comités de Mejoramiento Moral Cívico Material que data de 1958 y evidentemente, su contenido ya ha quedado desfasado respecto al avance de las reformas en participación ciudadana en las decisiones públicas.

“Es necesario presentar una iniciativa para expedir una nueva y moderna Norma, titulada Ley de Juntas de Participación Ciudadana, con el objetivo de ciudadanizar estos organismos, estableciéndolos como un mecanismo de participación y comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos para fomentar y defender el involucramiento ciudadano en la vida pública”, dijo.

La propuesta de Ley reconoce el derecho de los habitantes del estado a participar en la vida comunitaria mediante la presentación de propuestas a las Juntas; además los miembros de la Juntas estarían impedidos para participar en proselitismo o condicionar el acceso a los programas o apoyos públicos.

Respecto a las autoridades, el diputado Rubén Guajardo, señaló que el orden municipal y el estatal, deben coordinarse para la realización de acciones derivadas de la interacción con las Juntas de Participación.

Sobre el proceso de elección de las Juntas, explicó que se plantea  que se efectuará cada tres años, correrá a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el que también recibirá y resolverá las denuncias relacionadas, para que su conformación, desde el origen, se mantenga libre de politización y siempre orientada a las necesidades de la ciudadanía.

Enfatizo que esta propuesta de Ley aspira a conformar los cauces legales necesarios para la participación y el empoderamiento del ciudadano, por medio del reconocimiento de su derecho a participar y la regulación de un nuevo organismo diseñado para servir como intermediario entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.