Diputados de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII Legislatura sostuvieron una reunión con el Secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, con el objetivo de aclarar dudas respecto a la iniciativa (aprobada por la Legislatura pasada) del Ejecutivo del Estado para afectar hasta 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones que recibe el Gobierno del Estado como fuente de pago a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en un plazo de 10 años.

Para que cubra, a nombre y cuenta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), las aportaciones y cuotas correspondientes hasta por la cantidad un mil doscientos veinticinco millones, novecientos seis mil, setenta y siete pesos así como los intereses, actualizaciones y recargos respectivos calculados a la fecha de pago en términos de lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores.

Después de la reunión con el secretario de Finanzas, la Comisión de Hacienda del Estado acordó desechar la propuesta planteada por el legislador Edgardo Hernández Contreras quien planteaba dejar sin efecto la autorización de la LXI Legislatura para afectar hasta 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones que recibe el Gobierno del Estado como fuente de pago a favor del ISSSTE.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, diputado Ricardo Villarreal Loo, señaló “fue una decisión consensuada y después de la explicación que nos dio el secretario de Finanzas, es un tema que se viene arrastrando desde el año 2007, y es un tema federal que desafortunadamente le toco pagar al Gobierno del Estado. Hay acuerdos que se tomaron desde la CONAGO y me parece que técnica y financieramente quedo muy claro, por lo tanto, se desecha la propuesta de nuestro compañero diputado (Edgardo Hernández) y ahora se turna a la Comisión de Gobernación para que se pronuncien sobre el tema”

Ugalde Montes en su presentación, explicó que la deuda con el ISSSTE de más de mil 225 millones de pesos es por concepto de aportaciones y cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), concretamente, que se dejaron de pagar por la insuficiencia presupuestaria que se generó en 2007 por el cambio de fórmula para la distribución de recursos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Esta afectación por el cambio de la fórmula de distribución tuvo consecuencias negativas en 20 entidades federativas al encontrarse desigualdades entre los Estados de la República, “porque si la Federación tenía que enviar 100 pesos por trabajador, enviaba 80 pesos, ejemplificó.

Por esa insuficiencia presupuestaria, las autoridades estatales optaron por garantizar el pago de nómina de los maestros, pero dejaron de pagar aportaciones y cuotas.

Aclaró que no se desviaron los recursos, sino que no se recibieron por parte de la Federación. Además, el Estado no registró el adeudo porque consideró que la Federación debía resarcir esos recursos.

Indicó que en el año 2015, en la cuenta pública de Gobierno del Estado, ya se registró este adeudo.

Por ello, Ugalde Montes aclaró que esta nueva iniciativa del Ejecutivo del Estado no es un nuevo crédito, porque ya existe desde los años 2007 al 2014, incluso hay un decreto aprobado por el Congreso del Estado, por la 58 Legislatura, donde el ISSSTE está facultado para embargar no el 2.5 sino el 3 por ciento de las participaciones, “existe este decreto 524, se autorizó el 21 de octubre de 2008, y obliga a Gobierno del Estado a constituirse como aval y garante solidario del sector público en el convenio que se le celebre con el ISSSTE, el decreto 524 es más agresivo porque dice si no me pagas te puedo embargar hasta el 3 por ciento de las participaciones como quieras, aquí es un máximo de 2.5 en un plazo de 10 años”.

Sostuvo que este decreto de 2008 ya lo comenzó a ejecutar el ISSSTE desde julio de 2017, cuando quitó al Estado de San Luis Potosí 70 millones de pesos, “a la fecha nos han quitado 290 millones de pesos, de julio 2017 a septiembre de 2018”.

Por ello, con esta iniciativa que fue aprobada por la Legislatura pasada, dentro de las ventajas que otorga el convenio con el ISSSTE para el pago es que se regulariza una deuda ya registrada, “la deuda ustedes la pueden ver a partir de la cuenta pública 2015 dentro de los pasivos de Gobierno del Estado, eso nos generó primero una reducción en la calificación de la deuda y que en este momento nos suban dos niveles, porque ya tenemos ordenado este asunto, un pasivo que en la actualidad se considera de corto plazo, se convierte en un plan de plago ordenado que permite al estado mejores condiciones”.

Además, se evitan mayores sanciones porque siendo un crédito fiscal se podrían incrementar hasta en un 100 por ciento los pasivos.

“No se trata de la contratación de un nuevo crédito, ya existe, se generó de 2007 a 2014 por la insuficiencia del recurso FAEB y a nivel nacional fue reconocido por instituciones como la Conago, Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados y el Senado de la República, todos conocieron el tema y buscaron una solución”, sostuvop Ugalde Montes.

A pregunta expresa del diputado José Antonio Zapata Meraz, el Secretario de Finanzas dijo que de celebrarse este convenio con el ISSSTE, el pasivo se pagaría del presupuesto 2019 en donde va a venir un concepto que se llama adeudos fiscales de gobiernos anteriores, se le conoce como ADEFAS.

Aclaró que afectar hasta 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones que recibe el Gobierno del Estado como fuente de pago a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en un plazo de 10 años, es sólo una garantía, en caso de que Gobierno del Estado no pague.

Después de la explicación del funcionario Ugalde Montes, el diputado Edgardo Hernández Contreras, vocal de la Comisión de Hacienda del Estado y quien presentó una iniciativa para que quede sin efecto esta autorización de la LXI Legislatura, aseguró que dejaba a salvo los

derechos para hacer responsables a las administraciones pasadas de carácter penal o administrativamente.

Dijo que para él sí hubo responsabilidad de administraciones pasadas por no haber registrado este adeudo y por haberlo dejar crecer desde que se presentó el problema en el año 2007.

En la reunión con el funcionarios estuvieron los diputados de la Comisión Hacienda del Estado: Ricardo Villarreal Loo, presidente; Marite Hernández Correa, vicepresidenta; Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; María del Consuelo Carmona Salas, José Antonio Zapata Meraz, Laura Patricia Silva Celis y Edgardo Hernández Contreras, vocales; además de Martín Juárez Córdova y Rolando Hervert Lara.