El diputado Rubén Guajardo Barrera consideró que al evitar que los recursos de los programas sociales se entreguen en efectivo, se establecerá un blindaje de la política social porque será más complejo condicionarlos a una eventual “coacción electoral” de los beneficiarios de los mismos.  

Dijo que la transparencia en el manejo de recursos públicos se favorece si apostamos por realizar estas operaciones de transferencia de dinero público a través de mecanismos que siempre dejan una huella digital y que además propician un manejo más institucional y menos “providencialista” del erario.

Por ello, el legislador presentó una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que en los municipios con más de 100 mil habitantes, en ningún caso, la entrega de los recursos públicos de los programas sociales se realizará en efectivo, sino que los recursos financieros deberán entregarse a través de transferencia a tarjeta bancaria asignada ex profeso al beneficiario del programa, con la finalidad de blindar la política social en nuestra entidad, principalmente de corrupción.  

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que la medida de disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales permite, entre otras cosas, combatir la corrupción, porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria.

Ello además de dar mejores elementos para combatir el fraude fiscal e incluso conductas de acumulación tendientes al enriquecimiento ilícito e incluso que esos recursos puedan emplearse en procesos electorales para actividades ilegales como la compra de votos o la coacción política.  

Luego de las reformas para crear el Sistema Anticorrupción, se considera importante seguir construyendo candados a la corrupción, acotar la permisividad a conductas que pueden facilitar prácticas indeseadas de malos manejos financieros y poner freno a que estos actos puedan seguirse cometiendo en el futuro, con independencia de seguir persiguiendo los que ya ocurrieron

En los casos que se han documentado de casos de corrupción la constante es que, en muchos de ellos, el modus operandi, se lleva a cabo con dinero en efectivo, dado que las operaciones digitales dejan una huella fácilmente rastreable.  

La bancarización de los fondos públicos es una decisión que no puede tener un carácter universal dado que, en nuestro estado, por ejemplo, son grandes las diferencias entre los municipios altamente urbanizados, con aquellos que tienen indicadores de marginación y pobreza al nivel de los más altos del país.  

Por esa razón, la iniciativa sólo pretende establecer la restricción de entregar los apoyos de los programas sociales en efectivo, para municipios con más de 100 mil habitantes, supuesto que actualmente sólo abarcaría a la Capital con poco más de 824 mil; Soledad de Graciano Sánchez con 309 mil; y Ciudad Valles con 177 mil. Muy cerca, y es probable que muy pronto, si no es que ya se encuentran en ese supuesto, estarían los casos de Matehuala con 99 mil; Rioverde con 94 mil y Tamazunchale con 92 mil.  

Para instrumentalizar la propuesta, se establecerá en los transitorios que, para identificar a los municipios con una población mayor a 100 mil habitantes, este dato se constatará de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

La iniciativa del diputado Guajardo Barrera se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su análisis correspondiente.