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“Operación Safiro”: FGR va por exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira
jueves junio 23, 2022

Un juez federal de control vinculó a proceso al ex secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores, por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida.

En la resolución emitida por el Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, Benito Edgardo Hernández Luna, se concluyó que el ex secretario de Finanzas del ex gobernador de Coahuila y actual diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, cometió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en las fracciones que sancionan el otorgamiento de autorizaciones indebidas de carácter económico y la firma de contratos públicos de forma indebida.

Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió el delito de peculado que pretendía imputar al ex funcionario de Coahuila por el de uso indebido de atribuciones y facultades, sin que la dependencia explicara la razón de esta determinación.

Los 18 contratos bajo investigación fueron firmados por Ramos Flores entre febrero y marzo del 2016 por conceptos de asesoría y análisis en diversos rubros y se pagaron con recursos federales provenientes del ramo 23.

Previamente, se firmaron dos convenios entre el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto con el gobierno de Coahuila a través de  la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), cuyo titular era el asesinado Isaac Gamboa Lozano, relacionado con la “Operación Safiro” para el financiamiento de campañas electorales del PRI en 2016 y 2017.

Sin embargo, en la imputación formal por estos hechos, la FGR no hizo referencia explícita a la denominada “Operación Safiro“, conocida también como “Operación Saneamiento Financiero”, ni a un posible peculado por el desvío de estos recursos.

Debido a que los contratos públicos se firmaron antes de mayo del 2016, la Fiscalía formuló su imputación utilizando el Código Penal Federal vigente hasta junio del 2016, fecha en que fue reformado el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Por lo anterior, las penas previstas para este ilícito al momento de los hechos, son de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que estuviera en funciones.