Atendiendo a la causa animalista y la protección de los menores de edad, en el colectivo Antitauromaquia SLP hemos abogado por la justicia, buscando que nuestros representantes involucren a la sociedad, y atiendan primero a la razón y no a intereses personales.
Ni el padre, ni madre, ni nadie tienen derecho de deformar el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Cuando presencian espectáculos violentos, se atenta contra sus derechos fundamentales; ello conforme a la Declaración de los Derechos del Niño proclamada en 1959, que ordena que toda sociedad debe pregonar el sano desarrollo de sus niños y niñas: física, intelectual y emocionalmente.
Tratado que en nuestro País, al estar al mismo nivel de obligatoriedad en cumplimiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser observado por todos los niveles de gobierno y desde luego por todo gobernado.
Por lo que consideramos importante protestar contra la reciente decisión de la mayoría de los representantes en el congreso del estado de permitir el ingreso de los menores a las corridas de toros, donde con faltas de respeto, “argumentos” de baja calidad e ignorancia del tema, hicieron caso omiso de acatar a la ONU y su observación por la protección del menor.
En la última sesión del pleno, no hubo discusión, sino una simulación por parte de los diputados: hicieron como que se informaron a fondo, como que saben, como que leen e hicieron como que legislan, demostrando que es una de las legislaciones más grises que nos ha tocado en el Estado.
Sabemos que pretenden utilizar los mismos frágiles argumentos para promover que el toreo sea declarado Patrimonio, faltando nuevamente a las máximas autoridades en cuanto a cultura se refiere, a la sociedad y evidenciando su falta de objetividad.
Sin embargo, apelamos a la conciencia ciudadana, y fomentaremos el que las leyes sean incluyentes y conforme a los preceptos por interés de una mayoría que protege a los menores y no quiere corridas de toros.
Donde entre otras haremos del conocimiento popular que el colectivo ATSLP con apoyo de diversas instancias académicas, así como algunos de catedráticos investigadores, iniciaremos acciones judiciales y administrativas para evidenciar la falta de responsabilidad y congruencia de nuestro ente legislativo y concretar disposiciones internacionales en materia de derechos humanos para nuestras niñas y niños.