• Para terminar con la simulación en el financiamiento privado y disminuir el oneroso financiamiento público a las campañas.

Redacción/www.huaxtecaonline.com

Fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos que son utilizados en las contiendas electorales y disminuir el oneroso financiamiento público a las campañas, son los objetivos de la iniciativa de modificación al artículo 161 de la Ley Electoral del Estado, presentada por la legisladora Josefina Salazar Báez en Sesión Ordinaria.

Esta iniciativa busca regular el financiamiento privado a los partidos políticos, en las aportaciones que se hacen a los candidatos y simpatizantes durante los procesos electorales, al establecer el 20 por ciento como tope de gasto para la elección de gobernador en el año que se trate, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que el financiamiento privado se compone de aportaciones de militantes y simpatizantes, y el marco jurídico establece límites para tales ingresos de acuerdo a un porcentaje de los fondos totales asignados a la campaña.

Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Luis Carlos Ugalde, ex consejero Presidente del IFE, algunos partidos y campañas recurren a financiamiento que no reportan a la autoridad electoral, ya sea porque proviene de fuentes ilegales (empresas mercantiles, recursos públicos) o porque sus montos superan los límites que establece la ley. Según diversos testimonios de ex candidatos y operadores políticos, el financiamiento no reportado es, en muchas ocasiones, mayor al reportado a la autoridad.

Salazar Báez indica que esto significa que cuando un partido político recaude o en efecto gaste más del límite señalado producto de aportaciones privadas, buscará por todos los medios posibles omitirlo a la autoridad electoral, ante la expectativa de hacerse acreedor a la sanción correspondiente.

“En la práctica, limitar el financiamiento privado no ha servido de mucho porque los gastos de campaña han aumentado debido a intensificación de las condiciones de competencia electoral, el costo económico de la democracia es muy alto, ya que durante las campañas políticas los partidos hacen grandes gastos, y, en la práctica hay más gastos de campaña que los que se reportan y fiscalizan”.

Por ello, se requiere aumentar el límite de las aportaciones privadas, “en aras de evitar la simulación de actos jurídicos o contables y mejorar los controles de transparencia sobre ellas”.

Con ello, señala la diputada, se busca también mejorar el trabajo de los partidos con sus grupos de apoyo, con sus bases y con la sociedad; objetivos que en su conjunto buscan lograr una mayor calidad y transparencia de nuestra democracia.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales.