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Vinculan a proceso a Jaime Rodríguez “El Bronco” por abuso de autoridad; se quedará en la cárcel
martes abril 12, 2022

El juez de control, Eduardo Hoyuela, vinculó a proceso al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón por su probable participación en el delito de abuso de autoridad al no indemnizar y utilizar los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa de la Ecovia.

Este lunes se desarrolló la audiencia de imputación que había comenzado el pasado viernes y que tuvo que ser suspendida porque el exgobernador manifestó molestias de salud. La audiencia había sido reanudada el sábado, sin embargo se suspendió también, ya que Rodríguez Calderón fue trasladado a revisión al Hospital Metropolitano.

La autoridad judicial dejó pendiente para más tarde la resolución de la medida cautelar, misma que definirá si el exmandatario permanece en prisión preventiva dentro de Centro Penitenciario de Apodaca o continúa el juicio en prisión domiciliaria en el municipio de García.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, había sido vinculado a proceso el pasado 17 de Marzo por delito electoral, y por la petición de una medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, anunció la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado.

Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción cambió su estrategia legal y definió que en vez de imputar al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón junto con tres funcionarios de su administración por abuso de autoridad en la requisa de la Ecovia, continuarán proceso legal solo contra “El Bronco”.

Así, la imputación formulada en principio contra los exsecretarios, Jorge Longoria, de la Agencia Estatal del Transporte; Manuel González Fernández, de Metrorrey y Roberto Russildi, de Desarrollo Sustentable, quedó a reserva de investigación por parte de la fiscalía.

Esta causa penal es por la probable participación del exgobernador en el abuso de autoridad cometido contra el empresario Abelardo Jorge Martínez García, propietario de la empresa Transportes Tecno Ecológicos, quien denunció no recibir pago de indemnización de la administración estatal y haber continuado utilizando sus activos en dicha gestión gubernamental.